Ley 20.393: Compliance para Evitar Responsabilidad Penal

Las empresas también pueden ser imputadas penalmente

La Ley 20.393, vigente desde 2009 y ampliada en varias oportunidades —incluyendo la Ley 21.595 de 2023—, cambió el paradigma legal en Chile de forma definitiva. Hoy, una empresa puede ser formalmente imputada, juzgada y condenada por la comisión de ciertos delitos.

Las sanciones pueden incluir multas cuyo monto depende del tipo y tamaño de la empresa y la gravedad del delito —alcanzando hasta 200.000 UTM en los casos más graves—, la disolución de la sociedad, la prohibición de celebrar contratos con el Estado y la pérdida de beneficios fiscales.

¿Qué delitos contempla la Ley 20.393?

Entre los delitos que generan responsabilidad penal para personas jurídicas se encuentran: cohecho a funcionarios públicos nacionales y extranjeros, lavado de activos, financiamiento del terrorismo, receptación, negociación incompatible, apropiación indebida, administración desleal, delitos tributarios (incorporados por la Ley 21.595) y delitos de la Ley de Mercado de Valores. El catálogo ha sido ampliado en sucesivas modificaciones y puede seguir extendiéndose.

La responsabilidad de la empresa se activa cuando el delito es cometido por sus dueños, controladores, ejecutivos principales o representantes, siempre que la empresa no haya adoptado e implementado un modelo de prevención de delitos adecuado. Esta condición es clave: el modelo de prevención es, en la práctica, la defensa más sólida ante una imputación.

¿Qué es un Modelo de Prevención de Delitos (MPD)?

Un Modelo de Prevención de Delitos es un sistema interno que identifica los riesgos penales del giro de la empresa, define procedimientos para evitarlos y establece canales para detectar y reportar conductas irregulares.

Un MPD efectivo debe contemplar: identificación de riesgos según el giro del negocio, manual de prevención y protocolos concretos, encargado de prevención (oficial de cumplimiento), canal de denuncias reservado y capacitación periódica al equipo.

¿Por qué implementar compliance hoy y no esperar?

Una creencia común es que el compliance es "para las grandes empresas". Es un error costoso. La fiscalía puede imputar a cualquier persona jurídica, sin importar su tamaño, si existe un delito cometido en su contexto organizacional.

Además, las empresas con programas de compliance activos tienen ventajas en licitaciones públicas, acceden con mayor facilidad a financiamiento bancario y generan mayor confianza en sus contrapartes internacionales. Implementar un MPD antes de que se abra una investigación tiene un valor como atenuante significativamente mayor que hacerlo después.

¿Necesitas asesoría en compliance?

Si tu empresa no cuenta con un modelo de prevención de delitos, o quieres evaluar si el que tienes es efectivo, en James Easton & Compañía podemos acompañarte en ese proceso. Analizamos tu giro, tus riesgos concretos y te orientamos sobre los pasos iniciales de forma clara y directa. Contáctanos y recibe respuesta dentro de las 24 horas.